España ha sido tradicionalmente un país en el que los juegos de azar lo han tenido complicado. Las restricciones y el miedo a lo desconocido provocaron que hasta el año 2012 el poker online no fuera un juego de plena legalidad en la península. Así lo reguló la Ley 13/2011, de 27 de mayo que, aunque iba dirigida al juego online como todo un conjunto, tenía en cuenta en ciertos aspectos determinados al poker.
Eso no quiere decir que no existiera el poker como tal anteriormente. Como muchas otras actividades que primero se movieron en un limbo legal, el poker se vio limitado hasta que el Gobierno optó por normalizar la situación. Momento en el que gracias a la actividad de internet comenzaron a consolidarse algunas ciudades como las mejores sedes españolas de poker y aparecieron los que a día de hoy son los mayores talentos de los naipes, los mejores jugadores de España en esta disciplina.
La democratización del poker en la red ha sido una constante desde que dejó de ser necesario acudir a un casino físico para jugar con total normalidad. Surgieron las plataformas de poker y sus grandes comunidades de jugadores que no han hecho sino crecer hasta el momento actual. Tanto que un sector tan joven como el del juego ha ido necesitando cambios y una década después de su primera ley, esta quedó obsoleta en muchos aspectos. Eso hizo que se impulsara una nueva normativa en 2020, la cual plantea cambios y ha ido entrando en vigor de forma escalonada en 2021.
Ahora que tenemos una idea mucho más clara de cuáles son sus efectos, sus puntos fuertes y sus debilidades, pasamos a aclarar cuál es la posición del poker online en el reglamento español. Pues en los inicios hubo cierto escepticismo en torno a su efectividad, también en cuanto a los estrictos límites que impuso a las webs. Lo que está claro es que el poker online es una actividad legal en el país y que cualquiera que precise participar en uno de los tantos campeonatos online que existen puede hacerlo sin problemas. Eso sí, debe de reunir una serie de condiciones específicas establecidas dentro de un marco de juego seguro, de responsabilidad social y de restricciones de edad, pues el juego se prohíbe entre los menores de 18 años.
Esto se consigue mediante la identificación del usuario antes de entrar a formar parte de una comunidad de jugadores de poker. El jugador debe aportar su información personal y facilitar una copia de alguno de los documentos que acrediten su identidad. Un elemento de control novedoso que ya practicaban muchas plataformas, pero que se ha formalizado mucho más con la obligación de que el cliente establezca sus propios límites antes de comenzar a jugar en una sesión. Límites de tiempo y de dinero.
¿Y cómo sabe el jugador que está accediendo a un sitio autorizado para jugar al poker? Porque los operadores deben mostrar la información sobre sus licencias de juego, las cuales deben haber sido expedidas por la autoridad que regula el mercado del juego y que no es otro que la Dirección General de Ordenación del Juego en España. Toda empresa que quiera pasar a formar parte de la oferta de poker online tiene que cumplir con los requisitos que le plantee este organismo. Una vez tenga sus permisos, puede operar con libertad con jugadores españoles.
Esto es algo importante y es que los operadores no pueden aceptar jugadores que quieran jugar desde fuera de España. Podrán hacerlo, pero en la plataforma internacional de la propia empresa, nunca desde la web española. De hecho, en el año 2012 los dominios .com tuvieron que solicitar una nueva licencia para poder operar en España y hacer una especie de reseteo con respecto al inicio de su actividad precisamente por esta razón.
Lo que sí que ha quedado muy limitado en cuanto a casas de apuestas y páginas de poker online son sus patrocinios en torno a clubes deportivos y la publicidad que pueden realizar en medios convencionales como radio o televisión. Tan solo el horario nocturno ha quedado disponible para el sector en un intento por controlar la fiebre por el juego online que generó la pandemia del coronavirus. Las medidas se establecieron como algo extraordinario durante lo peor de la crisis sanitaria, pero posteriormente se rescataron para entrar en el denominado Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre.
La realidad es que las plataformas se han visto perjudicadas con la nueva normativa a la hora de poder encontrar nuevos jugadores potenciales, al tiempo que velan mucho más por el bienestar de la sociedad y fomentan mucho más su responsabilidad social corporativa. Sus avances están por ver en el sector privado, pero apuntan a nuevos cambios que deben plantearse más pronto que tarde.
